El Gobierno estudia varias alternativas para subir las tarifas de gas pero esperará las audiencias públicas y la Revisión Tarifaria Integral para tomar alguna decisión al respecto.
En una nueva etapa de esta especie de "revisionismo tarifario", el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, manifestó ayer en su presentación en el Congreso de la Nación que el Gobierno, además de estar avanzando en la realización de audiencias públicas, presentará "una nueva propuesta de modificación del esquema tarifario", que incorporará "muchas" de las sugerencias que la oposición y sus equipos técnicos formularon en los últimos meses sobre la materia. Esto marca un nuevo cambio acerca de la política tarifaria futura.
Una fuente cercana al gobierno afirmó a Infobae que "se avanzará con los aumentos de luz y gas para equilibrar la matriz tarifaria y reducir los subsidios del Estado". Los mismos llegaron en julio a unos 80.000 millones de pesos acumulados en el año, frente a los 120.000 millones que se gastaron el año pasado", manifestó. De acuerdo a lo que pudo saber Infobae, el Gobierno tiene en carpeta por lo menos tres alternativas que comenzarían a regir recién a partir de principios del 2017.
Las tres alternativas que se mencionan no sólo en el Gobierno sino también en las empresas distribuidoras como Metrogas, Gas Natural y Camuzzi son las siguientes:
1- Dejar todo como está desde el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que anuló la suba de las tarifas del gas del 400 por ciento para usuarios residenciales, pero autorizó la suba del 500 % para pequeñas empresas, comercios e industrias, con el riesgo de que la judicialización aumente y se extienda a las tarifas de luz.
2- Instrumentar la factura plana: esto implica dejar de lado todas las resoluciones anteriores, incluso la del tope de aumento del 400% para usuarios residenciales y del 500% para pequeñas y medianas empresas, comercios e industrias. Se fijaría una tarifa plana para los 12 meses que comenzaría a regir desde enero de 2017. La propuesta implica, por ejemplo, que si una persona pagó el año pasado 1200 pesos de factura de gas, la misma se dividiría en 12 meses y daría 100 pesos por mes siempre que el consumo no aumente para llegar a un equilibrio en el 2019 actualizada por la inflación. La idea es que el usuario no pague casi el 80% de ese total en el otoño invierno y solo el 20% en primavera y verano y se equilibraría el valor final. Este sería un esquema con un aumento gradual de las tarifas en los próximos cuatro años donde se equilibraría el valor de la tarifa y desaparecerían los subsidios. Las facturas de gas suelen mostrar la estacionalidad del consumo. Son bajas en diciembre, enero y febrero, pero en mayo, junio y agosto son altas.
3- Diseñar un nuevo marco tarifario que vaya en línea con el fallo de la Corte, que le otorgaría previsibilidad a las tarifas, pero con aumentos graduales para los próximos cuatro años junto a una reducción de subsidios para que estos desaparezcan definitivamente a fines del 2019. Se consideraría una regionalización del valor de la tarifa que está totalmente distorsionado, a través de un Acuerdo Energético Federal.
La gran duda es cómo se fijará el precio del gas en boca de pozo, que representa un 70% del valor final de la tarifa y que, de acuerdo al fallo de la Corte, se debe retrotraer su valor a los 2,60 dólares en promedio el millón de BTU, frente a los casi 4,20 dólares que se había fijado el 31 de marzo pasado. Todos los esquemas consideran mantener la tarifa social.
El análisis de todas estas alternativas será realizado por seis funcionarios del Poder Ejecutivo. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, el de Interior y Obras Públicas Rogelio Frigerio, y los vicejefes Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Este último habría sido el funcionario encargado de diseñar el esquema tarifario anterior junto al ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren, a quien se lo habría dejado de lado en el diseño pero sería el ejecutor de la política tarifaria que se ponga en práctica. A ellos se ha sumado el presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó.
Alfonso Prat-Gay sería el encargado de calcular el impacto fiscal de un nuevo marco tarifario junto al ministro Aranguren y Gustavo Lopetegui. En tanto que Rogelio Frigerio sería el encargado de elaborar con los gobernadores el marco tarifario regional y comenzaría a trabajar en el armado del Acuerdo Energético Federal. Por el momento, el Gobierno no presentará ninguna propuesta alternativa hasta que finalice la Audiciencia Pública y la Revisión Tarifaria Integral que deben hacer las empresas junto al Gobierno y los usuarios.
