La negociación que viene no va a ser fácil para el Gobierno, ni va a estar ceñida a los legisladores aunque el tema central es el Presupuesto 2017.
El proyecto en sí mismo es denso y complejo, con niveles de realismo y puntos discutibles, pero alejado de la etapa del puro dibujo. Y no caminará solo: en los próximos días, el temario agregaría otras iniciativas –Ganancias, superpoderes, responsabilidad fiscal– que están atadas de hecho a la discusión principal por las materias que tratan, y que ampliarán el radio de conversaciones a gobernadores y también, de manera directa o indirecta, a jefes sindicales. Semejante ejercicio de tejido con hilos diferentes, ¿tensará o distenderá el panorama político? Seguramente, los climas irán alternándose, pero el grado de sensibilidad y flexibilidad de los protagonistas estará impuesto no sólo por su voluntad sino además por el dato objetivo que impone una realidad política repartida. Lo que se perfila, entonces, es un juego que el Congreso ya ha encarado varias veces este año, aunque a una escala superior. Hacia fines de octubre podrá verse si fue una apuesta razonable o desafortunada.
A diferencia de lo ocurrido con otros proyectos, esta vez funcionaron algunos canales de conversaciones previas en el interior del oficialismo. Sin llegar a estar afinados suficientemente, los encuentros dibujaron cierta estrategia más o menos consensuada, en un panorama que al mismo tiempo registra tironeos iniciales en la perspectiva de las elecciones del año próximo. El ministro Alfonso Prat-Gay mantuvo contactos con los referentes de los principales socios de Cambiemos y los operadores en el terreno legislativo abrieron las puertas a las tratativas con la oposición. De todos modos, se trata de una movida que compromete a buena parte del equipo político de Mauricio Macri.
“Se puede discutir, pero el Presupuesto es serio. No es un chiste, como antes. Creemos que eso también le queda claro a ellos”, dice un importante legislador oficialista, que destaca la existencia de “márgenes para negociar” y extiende esa posibilidad al resto de los proyectos que irán llegando al Congreso. Para encaminar las conversaciones, el oficialismo busca fijar una sola condición inicial: que los acuerdos corran en firme para Diputados y el Senado, es decir, que no queden sometidas a retoques y nuevos reclamos cuando pasen de una cámara a otra. “No podemos pagar en cada ventanilla, de ida y vuelta”, resume la fuente referida.
Algo de eso ya empezaron a charlar por diferentes vías representantes del Gobierno y la oposición. En el ámbito del Congreso, algunos despachos convocaron a los macristas Emilio Monzó y Nicolás Massot, a los radicales Mario Negri y Angel Rozas, al peronista Miguel Angel Pichetto, a representantes del bloque que lidera Sergio Massa y también del bloque de Diego Bossio, entre otros. Eso, sin contar con los contactos más informales.
Los gobernadores, en particular los peronistas, mantienen un canal directo con el ministro Rogelio Frigerio. Aún con limitaciones –tienen mayor proyección en el Senado que en Diputados–, pueden ser decisivos en la discusión que viene, sobre todo porque el interés propio no es menor: tres de los proyectos hacen de manera directa a sus cálculos para el año que viene. Además del Presupuesto, los inquietan las modificaciones al impuesto a las Ganancias y lo que pueda ocurrir con la ley de Responsabilidad Fiscal, que sería prorrogada aunque con algunos retoques.
La negociación alrededor de Ganancias, y su impacto sobre los salarios, será seguramente más compleja. El Gobierno anticipó una acotada suba del mínimo no imponible y un módico rediseño de las escalas: un costo para Macri –visto en el espejo de las promesas de campaña y aún posteriores–, y otro ingrediente para la protesta que imagina el trío de la CGT.
La cuestión de Ganancias involucra a los jefes provinciales, que dejan trascender su inquietud frente a cualquier movimiento que pueda representar una baja de los ingresos por coparticipación. El Gobierno, claro, quiere compartir responsabilidades al momento de enfrentar los reclamos sindicales. No es sencillo: pesa el impacto político de la unificación tripartita de la CGT, en especial su efecto sobre el peronismo orgánico y el desalineado.
Al fin y al cabo, anotan, el trío sindical ya recibió a José Luis Gioja, jefe formal del PJ; se reunió con intendentes bonaerenses que buscan armar junto a gobernadores un polo de poder dentro del peronismo, y también conversó con dirigentes de los principales movimientos sociales. Esto, sin contar que dos de los secretarios de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, son legisladores del massismo. El tercer integrante de la nueva conducción cegetista, Juan Carlos Schmid, no es precisamente el más blando en la evaluación de la gestión macrista. Frente a ese cuadro, parece claro que la negociación por Ganancias deberá registrarlos como parte ineludible.
El paquete que estará en discusión incluirá además una reforma parcial del artículo 37 de la ley de Administración Financiera, es decir, los superpoderes, que con la letra impuesta hace diez años permite al Ejecutivo hacer y deshacer en materia del Presupuesto sin pasar por el Congreso. Se trata de una señal a la oposición en su conjunto y atiende también demandas que los socios de Cambiemos plantearon y reiteraron en la era K. La idea es ponerle un techo a esa capacidad para realizar “reestructuraciones presupuestarias”. Alrededor de esa limitación girarían las tratativas.
Todo indica que los proyectos en cuestión correrán en paralelo, pero no necesariamente de la mano. El Gobierno desearía tener un primer avance concreto con el Presupuesto hacia mediados de octubre, en Diputados. Antes, aterrizarían las otras iniciativas, empezando por Ganancias, seguramente el tema más ruidoso. En el oficialismo, consideran desde hace rato que el paro de la CGT es “inevitable”, aunque algunos prefieren decir ahora que es “difícil de evitar”. Apenas un matiz, a la espera de un cambio de clima.
